El impacto del conflicto en Oriente Medio ya se siente con fuerza en la industria turística. Ante una ola de cancelaciones, rutas alteradas y costos inesperados, las agencias de viajes españolas solicitaron al Gobierno un plan de ayudas por 400 millones de euros para evitar que la crisis termine afectando seriamente al sector.
Las patronales Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) y Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) presentaron formalmente la propuesta ante los ministerios de Turismo y Economía. El objetivo es proteger a las agencias frente a las pérdidas provocadas por cancelaciones inevitables, reembolsos que no pueden recuperarse y el encarecimiento de rutas aéreas internacionales.
Un conflicto que sacude la conectividad global
Aunque el foco del conflicto está en Oriente Medio, el impacto ya se extiende a todo el mapa del turismo internacional. Muchas rutas hacia Asia, África y Oceanía dependen de conexiones aéreas en los países del Golfo, lo que provocó cambios de itinerarios, cancelaciones masivas y reubicaciones de pasajeros.
Esta situación obliga a las agencias a asumir reembolsos inmediatos a los viajeros, además de afrontar gastos extraordinarios de asistencia, como alojamiento y manutención para pasajeros que quedan varados durante conexiones internacionales.
Un plan económico para sostener al sector
El eje central del pedido es una inyección de liquidez urgente. Las asociaciones proponen la creación de una línea ICO extraordinaria de 250 millones de euros, con interés del 0% y aval estatal, para que las agencias puedan gestionar devoluciones y reorganizar viajes sin comprometer su flujo de caja.
A esto se suma la solicitud de un fondo de compensación de 120 millones de euros, destinado a cubrir gastos de asistencia a viajeros bloqueados y a compensar servicios contratados en destino —como hoteles o receptivos— que no pueden recuperarse tras las cancelaciones.
Protección del empleo y alivio fiscal
Las patronales también plantean medidas para evitar un impacto laboral en el sector. Entre ellas, la creación de un ERTE específico para agencias de viajes cuya actividad haya caído debido al conflicto.
Además, solicitan beneficios fiscales, incluyendo ajustes en el Impuesto de Sociedades y la posibilidad de deducir gastos derivados de cancelaciones extraordinarias.
Un protocolo para futuras crisis
Más allá de las ayudas económicas, las asociaciones reclaman mayor seguridad jurídica ante crisis internacionales. Entre sus propuestas aparece la creación de un protocolo de cancelaciones que unifique criterios entre aerolíneas, operadores y agencias.
También sugieren recuperar herramientas utilizadas durante la pandemia, como los bonos de viaje o cambios voluntarios de fechas, para evitar que las empresas deban realizar reembolsos masivos en efectivo.
Finalmente, el sector pide establecer un canal permanente de coordinación con los ministerios de Turismo y Asuntos Exteriores, que permita acceder a información actualizada y asistir en tiempo real a los viajeros afectados en el extranjero.
Con un escenario internacional cada vez más incierto, las agencias advierten que la estabilidad del turismo también depende de la rapidez con la que se actúe frente a crisis globales que escapan al control del sector.
