La aprobación en el Senado de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una nueva etapa en un debate que también tiene implicancias para el turismo argentino, especialmente por su relación con el acceso al territorio, el desarrollo de destinos, las inversiones y la protección de áreas naturales.
El proyecto obtuvo media sanción este viernes 7 de agosto, con 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el texto aprobado sufrió modificaciones importantes respecto de la iniciativa que originalmente impulsaba el Gobierno.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del capítulo que buscaba flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. También fue retirado el capítulo que habilitaba cambios de uso del suelo en determinadas tierras después de incendios. Ambos puntos habían generado fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, sectores políticos y referentes vinculados con la defensa ambiental y territorial.
¿Por qué el debate importa al turismo?
Aunque el proyecto no es una ley turística, la discusión tiene una relación directa con el desarrollo de numerosos destinos argentinos.
El turismo depende de la disponibilidad y el uso del territorio. Montañas, bosques, lagos, ríos, áreas rurales, corredores naturales y zonas de frontera forman parte de los principales atractivos que movilizan visitantes y generan actividad económica en distintas provincias.
De hecho, un informe del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires había advertido que una flexibilización del régimen de tierras podía incrementar la presión sobre el valor del suelo en zonas de alta demanda y generar restricciones sobre el acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos, con posibles consecuencias sobre actividades como el turismo, el deporte y el esparcimiento.
Esto adquiere especial relevancia en destinos de la Patagonia y otras regiones donde el atractivo turístico está estrechamente vinculado con grandes extensiones de naturaleza y con el acceso a recursos paisajísticos.
El capítulo sobre tierras extranjeras quedó afuera
Uno de los aspectos que más preocupación había generado en el sector turístico era la posibilidad de modificar el régimen establecido por la Ley 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
El proyecto original planteaba eliminar restricciones que actualmente regulan la adquisición de estos territorios. Incluso el Gobierno había defendido la modificación como una herramienta para atraer inversiones y aumentar el ingreso de capital extranjero.
Sin embargo, durante las negociaciones previas a la votación, el capítulo fue eliminado. Por lo tanto, la media sanción obtenida este viernes no habilita por sí misma una liberalización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese debate quedó fuera del texto y, según la información disponible, el Gobierno no renuncia a discutir una modificación del régimen en el futuro.
Una cuestión clave para los destinos turísticos
El tema resulta especialmente sensible para destinos donde la tierra constituye parte fundamental del atractivo turístico.
En lugares de la Patagonia, por ejemplo, el valor turístico no está solamente en un hotel, un restaurante o una excursión, sino en el paisaje y en el acceso a lagos, bosques, montañas y espacios naturales.
Por eso, cualquier modificación del régimen de propiedad y uso del territorio puede tener efectos sobre la planificación turística de largo plazo.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre atraer inversiones y garantizar el desarrollo de nuevos proyectos y, al mismo tiempo, preservar los recursos naturales y asegurar que el crecimiento de los destinos no termine limitando el acceso público a espacios que forman parte de su principal atractivo.
Inversión turística: una oportunidad y un desafío
Desde otra perspectiva, una mayor seguridad jurídica sobre la propiedad privada puede ser vista como un elemento favorable para la inversión. El proyecto impulsado por el Gobierno busca reforzar las garantías vinculadas con la propiedad, además de introducir cambios en materia de expropiaciones y desalojos.
Para el turismo, una mayor previsibilidad jurídica podría favorecer proyectos de infraestructura, establecimientos hoteleros, desarrollos inmobiliarios vinculados al turismo y nuevas inversiones privadas.
Pero el impacto dependerá de cómo quede finalmente redactada la legislación y de cómo se articule con las normas ambientales, territoriales y provinciales que regulan el desarrollo de cada destino.
El debate continúa en Diputados
La media sanción del Senado no convierte al proyecto en ley. La iniciativa deberá ahora avanzar en la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobada, modificada o rechazada.
Por eso, para el sector turístico, el debate todavía está abierto.
La discusión excede la cuestión de quién puede ser propietario de un determinado terreno. También involucra preguntas centrales para el futuro de los destinos argentinos: qué tipo de inversiones se quieren atraer, cómo se planifica el crecimiento turístico, quién regula el uso del territorio y cómo se garantiza la protección de los recursos naturales que sostienen la actividad.
Argentina cuenta con algunos de los paisajes turísticos más importantes de Sudamérica. Desde la Patagonia hasta el Norte, pasando por los corredores cordilleranos, los destinos de naturaleza y las zonas rurales, buena parte de su competitividad turística está vinculada precisamente con el territorio.
Por eso, la evolución de este proyecto será seguida de cerca por la industria turística. La próxima discusión en Diputados será determinante para conocer finalmente qué alcance tendrá la reforma y cuáles serán sus consecuencias sobre la inversión, el desarrollo territorial y el futuro turístico de las distintas regiones del país.
