A partir del próximo lunes, las empresas de alojamiento y agencias de viajes españolas estarán obligadas a registrar detalladamente las reservas realizadas, en cumplimiento del Real Decreto 933/2021. La medida desató una fuerte oposición del sector turístico, que acusa al Ministerio del Interior de ignorar sus demandas y vulnerar derechos fundamentales, como la protección de datos personales.
En un comunicado conjunto, las principales asociaciones del sector —ACAVe, FETAVE y UNAV— denunciaron la falta de diálogo y la insistencia del Gobierno en implementar una normativa ampliamente rechazada. «El Ministerio del Interior cerró cualquier canal de diálogo con el sector, demostrando un ninguneo absoluto», afirman.
Las asociaciones señalan que la medida exige recopilar más de 40 datos personales para reservas de alojamiento y más de 60 para alquiler de vehículos, algo que califican de «desproporcionado e impracticable». Además, sostienen que la normativa viola el reglamento europeo de protección de datos, lo que podría derivar en acciones legales.
A pesar de la recomendación del Senado y el Congreso de suspender la aplicación de la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con el decreto, lo que refuerza, según las asociaciones, una política de gobernar «con o sin» el apoyo del Parlamento.
En su campaña para movilizar a la opinión pública, las asociaciones alertan que los viajeros serán los más perjudicados, al tener que proporcionar datos altamente sensibles. Paralelamente, evalúan acciones legales para frenar una medida que consideran contraria a los intereses del sector y de los consumidores.
