El Congreso español aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, una norma clave que busca descarbonizar el transporte y reconocer la movilidad como un derecho ciudadano. Este avance legislativo era uno de los compromisos exigidos por la Comisión Europea para que España accediera a 10.000 millones de euros en fondos comunitarios.
La nueva ley introduce cambios profundos: obliga a las empresas con más de 200 empleados a implementar planes de movilidad sostenible, impulsa la reducción de vuelos domésticos con alternativa ferroviaria inferior a dos horas y media, y promueve la recuperación de trenes nocturnos entre España y otros países europeos.
Entre las medidas destacadas, se incluye la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, la exigencia de que las gasolineras instalen puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, y la reducción del 20% en las tarifas de autobuses interregionales, garantizando la continuidad de todas las paradas donde no exista otra opción de transporte.
Con este marco normativo, España da un paso firme hacia una movilidad más sostenible, eficiente y alineada con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
